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El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, se ha presentado ante la prensa para decir que a él no le parece inmoral cargar los gastos de los más de veinte viajes, estancias en hoteles y cenas que ha desplegado en los últimos años en la jugosa milla de oro española.

Previamente, la Fiscalía General del Estado se había apresurado a iniciar una rápida investigación que dio como resultado la exculpación del magistrado. Todo eso huele bastante mal. Por eso parece que al menos el Partido Socialista, según ha anunciado Rubalcaba, pedirá la comparecencia de Dívar en el Congreso de los Diputados.

Y es que todo esto me recuerda mucho a episodios anteriores que solían poner en marcha los mismos mecanismos. Por ejemplo me acuerdo cuando en la revista Tiempo descubrimos el caso Juan Guerra y mi compañero José Díaz Herrera y yo nos encontrábamos en el despacho del Fiscal Jefe de Sevilla, Alfredo Flores, en el momento en que le llamaban de Madrid para que pusiera en marcha otra rápida investigación sobre el caso.

Sabido es que cuando la Fiscalía, por orden del Gobierno, pone en marcha una de esas investigaciones, su intención última es abrir y cerrar dicha investigación cuanto antes. De este modo, todo el mundo tiende a pensar que los periodistas o los denunciantes que pusieron el dedo en la llaga sobre algún asunto delicado estaban poco menos que locos. ¿La prueba? La investigación de la Fiscalía.

En el caso de Juan Guerra, ahora se puede contar, mi compañero y yo, conscientes de que un carpetazo de la Fiscalía a la investigación a las primeras de cambio podría tapar todo el hedor que se desprendía de la trama vinculada al hermano del ex vicepresidente, nos pusimos en contacto con los representantes de Izquierda Unida y del Partido Andalucista. Recuerdo con gracia aquellos paseos por los parques sevillanos con Alejandro Rojas Marcos, que enseguida se dio cuenta de que el caso había que ponerlo en manos de un juez. De ahí las denuncias del Partido Andalucista y de Izquierda Unida, que consiguieron arrebatar el control único de la investigación a la Fiscalía para que iniciara la senda más normal de los juzgados.

Ya sabemos todos en qué se convirtió luego el caso Juan Guerra que el Psoe trató entonces de tapar por todos los medios.

Ahora la Fiscalía General del Estado ha hecho lo mismo con Dívar. Ante la denuncia de un miembro del Consejo General del Poder Judicial sobre los viajes y los gastos de Dívar a Marbella, sin aparente justificación oficial, la Fiscalía ha dado el carpetazo. La opción que se abre es la de una comparecencia en el Congreso, pero no estaría de más que el asunto se viera en un juzgado, por paradójico que pudiera presentarse esa situación. El jefe de los jueces, juzgado por un miembro de la tropa, pero en un entorno más neutral, con abogados de la acusación por un lado, con sus pruebas y evidencias, y los defensores, con sus argumentos, por otro.

Por lo menos sabríamos con quiénes se reúne el presidente del CGPJ en Marbella y Puerto Banús con mesa y mantel por las noches durante los fines de semana. Veríamos así qué puede ser oficial aunque no lo parezca, o adivinar si en los gastos oficiales entraba la cena pero no las copas.

Cuando yo viajaba como periodista a Marbella y Puerto Banús era siempre en busca de delincuentes y traficantes. Recuerdo que incluso encontramos una vez una trama judicial muy oscura en la que los jueces estaban al servicio de los presuntos delincuentes. Incluso jugaban al tenis con ellos. Uno de aquellos personajes curiosos que igual se codeaban con un juez que con un gran editor de prensa en Marbella era Felice Cultrera, personaje singular donde los haya. En la casa que le compró a Sean Conery en Marbella, junto al hotel don Pepe, tenía aparcados varios vehículos antiguos y de alta gama. Los conducía un personaje al que mucho identificaban como un presunto justiciero de la mafia. La mansión era espectacular. Cultrera había sido un gran play boy en el Caribe, exhibía sin pudor sus fotos con la que había sido miss Venezuela en la isla de Saint Martin y, como colofón, admitía sin rubor que era amigo de los jueces de la zona.

Suponemos que en el caso de Dívar, esas reuniones profesionales de las que habla se habrán producido también en otros lugares. Hoy lo he visto en televisión dirigirse a los periodista con mucha seriedad y ofendido. Y digo yo, que en el caso de que lleve razón y todo se trate de un cuento, por lo que no puede ofenderse una autoridad pública como él es de que se le exija claridad y transparencia, pero no ahora que se ha organizado el escándalo, sino antes, cuando hacía los viajes y nadie se enteraba.

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado están muy bien, pero siempre que no parezca que se organizan para tapar la realidad y para servir de muro entre quienes persiguen la verdad y quienes parecen contratados para ocultarla.

A Eduardo Torres Dulce tengo que agradecerle buenos detalles. Él ya no se acordará, pero en su día, cuando era el número dos de la Fiscalía que ahora dirige, nos tuvimos que poner en contacto con él, de nuevo Díaz Herrera y yo, porque nos perseguía un antiguo miembro del Batallón Vasco Español, que finalmente logró que se celebrara un juicio contra nosotros a puerta cerrada. Torres Dulce se puso entonces a nuestra disposición para ayudarnos a esclarecer el asunto en aras de las múltiples irregularidades que se habían cometido durante la instrucción, ya que se llevaron a cabo diligencias previas sin que los afectados tuvieran conocimiento de ellas, viéndose de pronto procesados por publicar informaciones que, curiosamente, también estaban relacionadas con el viejo fiscal Flores de Sevilla.

Digo esto, porque tengo fe en Torres Dulce y en su buen hacer, y espero que otra de esas investigaciones anunciadas por su Fiscalía no se quede en agua de borrajas, y es la que tiene que ver con los excesos de la banca. ¿Se quedará también esa investigación en un mero anuncio con fecha de cierre inmediato o dará más juego que los ejemplos anteriores? Ya es hora de que el sistema funcione, porque si no la calle puede explotar antes de que la prima de riesgo llegue a los 600 puntos básicos esos.